La legislación española se ha adaptado, con la Ley 8/2021, a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Antes, las decisiones de estas personas las tomaban otros, pero ahora se respeta su voluntad y preferencias y, como regla general, ellas tomarán sus propias decisiones. En este contexto, es clave la colaboración de los bancos para que el acceso a los servicios financieros de las personas con discapacidad permita garantizar su autonomía financiera. Nos lo explica aquí nuestra experta María Peco.
