Los inversores asumen la posibilidad de equivocarse en las previsiones de negocio de las compañías o en la evolución del escenario económico o financiero. Incluso admiten la posibilidad de que puedan surgir «cisnes negros», riesgos difíciles de valorar a priori y con consecuencias también inciertas. Pero les resulta muy difícil aceptar la incertidumbre jurídica, la falta de las normas claras sobre las que hacer sus hipótesis o los giros radicales en la regulación. La incertidumbre jurídica genera un caldo de cultivo para el miedo prudente o el pánico irracional, un entorno de elevada inestabilidad propicio para la especulación.
Lo sucedido con la evolución en Bolsa de los bancos españoles en los últimos diez días es un buen ejemplo del coste de la inseguridad jurídica. Y es un coste que todos sufrimos, seamos o no accionistas de los bancos. La desconfianza que genera un cambio inesperado en normas asentadas desde hace tanto tiempo se extiende como la pólvora a todos los sectores y estratos económicos. El miedo es contagioso. Se puede tardar mucho tiempo en recuperar la confianza perdida por una decisión inesperada y quizás no meditada en profundidad.
La estabilidad bancaria es fundamental para el crecimiento económico. Así lo entendieron nuestras autoridades durante la crisis, lo que las llevó a aprobar una regulación estricta y a aplicar una supervisión exhaustiva sobre los bancos. El BCE reconocía esta misma semana que los bancos europeos se enfrentan a numerosos riesgos que se derivan en su mayor parte de su actividad, que es conceder y gestionar el riesgo de crédito. Otros son la incertidumbre geopolítica, la ciberdelincuencia, los riesgos climáticos y la competencia en servicios financieros de los nuevos operadores. Los bancos pueden manejar estos riesgos, siempre que partan de unas normas claras y predecibles.
