Conforme al estándar internacional (los llamados key attributes) establecido por el Financial Stability Board, el régimen europeo de resolución está orientado a prevenir primero, desde fases tempranas, el deterioro de la situación financiera de las entidades, y a paliar después los posibles efectos de su caída, cuando esta no ha podido evitarse. El objetivo explícito del nuevo régimen es hacer recaer el coste en los accionistas y acreedores de la entidad fallida, evitar o minimizar las pérdidas para los contribuyentes, prevenir el contagio a otros agentes y preservar la estabilidad financiera.
En esta última etapa del procedimiento, el foco de atención ha estado centrado en uno de los aspectos fundamentales del marco: el mecanismo de financiación de la resolución y, más concretamente, la participación prioritaria en el mismo de accionistas y acreedores, mediante la eventual reducción del valor de sus títulos o la conversión de deuda en capital (bail-in), y a continuación del propio sector, a través de un fondo de resolución constituido con aportaciones ex ante por las entidades de crédito.
